Sociedad

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Redacción CUBO

La última encuesta para la medición de la piratería en México, realizad en conjunto por la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), arroja que 94% de quienes escucharon música en disco compacto lo hicieron a través de material pirata.

41.9 millones de mexicanos consumieron algún tipo de piratería en el último año con un gasto de más de 20,000 millones de pesos, de acuerdo con el reporte.

La encuesta arroja que 37.5 millones consumieron música pirata, 34.8 millones consumieron películas pirata, nueve millones consumieron libros pirata y 4.8 millones de mexicanos instalaron software pirata.

La piratería toca otros sectores. Se estima que 1.4 millones de mexicanos compraron pinturas pirata en el último año y un millón habrían comprado esculturas pirata.

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Entre los resultados destaca que los consumidores de música pirata física equivalen a 94% del total de consumidores de música física.

Los consumidores de música pirata digital equivalen al 76% de los usuarios de música digital. En la cifra global, los consumidores pirata equivalen al 90% de los usuarios de música.

El gasto de los consumidores pirata

El mayor grupo de edad que consume piratería física se encuentra entre los 18 y 44 años. La mayoría ha cursado nivel medio superior y los hombres superan ligeramente a las mujeres en los índices de consumo.

El 40% de los consumidores de música pirata digital lo hacen más de 10 veces al año y gastaron 5,537 millones de pesos en música pirata física en el último año.

Aunque 83% de los consumidores de música pirata digital descargan de manera gratuita los materiales, el estudio estima que el año pasado se gastaron 4,540 mdp en música pirata digital.

En cuanto al gasto en Películas pirata, se estima que el año pasado se gastaron 7,189 mdp en películas pirata físicas y 1,200 mdp en películas pirata en formato digital.

En materia de libros pirata, se estima que los consumidores gastaron 1,688 mdp en libros pirata físicos.

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Redacción CUBO

Ese fue un mensaje que escribió una persona a Laura, víctima de un violación. A este mensaje le siguió: “Haría lo que fuera por volverte a ver” y más adelante “Dame la oportunidad de tratarte.” En un principio se pensaría que se trata de alguien que la pretende, sin embargo el emisor de los mensajes era el mismo violador que la atacó sexualmente.

Fue dado a conocer en agosto de 2017 que Laura fue violada en el mes de julio del mismo año, según el expediente FDS/FDS-6-01/801/07-2017.

Laura fue a trabajar como niñera desde el Estado de México hasta el lugar del siniestro, debido a que su padre estaba inhabilitado para laborar por un accidente. Sin embargo, el trabajo que iba a hacer, era un engaño. El supuesto propietario de la casa, era en realidad un chofer que le mintió y la violó mientras los verdaderos dueños del domicilio no se encontraban presentes.

De acuerdo con Zócalo, en la carpeta de investigación se indica que el sospechoso de violación contactó a Laura a través de Whatsapp para pedirle que se vieran. Los mensajes decían lo siguiente:

Hola, cómo estás, nena, espero no molestar. Me gustaría saber si te puedo llamar. No he dejado de pensar en ti ni un instante.

Haría lo que fuera por volverte a ver. Te pondría tus recargas mensualmente si tú me lo permites, con tal de tener comunicación contigo.

Estoy a tu disposición, haría lo que sea que tú me pidas, espero no te molestes. Dame la oportunidad de tratarte, solo quiero una oportunidad, no me la niegues, te lo suplico

La adolescente de 15 años no respondió los mensajes y su padre enseguida lo reportó a la Fiscalía de Delitos Sexuales. Los agentes a cargo de la investigación están buscando al hombre sospechoso, del cual saben que tiene una cicatriz en la mejilla.(Con información de Noicieros Televisa)

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Redacción CUBO

Un bebé de 18 meses de edad fue declarado muerto por traumatismo craneoencefálico cuando fue trasladado a un hospital del municipio Jesús María, Aguascalientes. Al ser notificadas del fallecimiento, las autoridades detuvieron a una joven de 17 años identificada por ahora como Fabiola “N”, acusada de homicidio.

El niño se había quedado bajo el cuidado de una pareja mientras la madre viajaba a Zacatecas por motivos laborales. A finales de agosto, la hija adolescente de los encargados tomó al niño y azotó su cabeza contra el piso de manera intencional y en varias ocasiones.

El bebé no murió al momento. Cuatro días tuvieron que transcurrir para que el pequeño perdiera la vida por sus lesiones. Al darse cuenta del estado inerte del niño, éste fue llevado a urgencias pero ya había sido demasiado tarde para salvarlo.

Además de los severos golpes en la cabeza que lo dejaron moribundo por casi una semana, la necropsia reveló lesiones en otras partes del cuerpo, evidencia de maltrato infantil. El Ministerio Público acreditó que la menor fue la responsable de violentar y provocar la muerte del infante.

Fabiola “N” fue arrestada por elementos de la fiscalía luego de obtener una orden de aprehensión por homicidio calificado. Con la ayuda de sus padres, la adolescente intentó evadir la detención al ser ocultada en un domicilio ajeno al de su hogar.

Fabiola actualmente se encuentra detenida en el Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA) como medida cautelar dictada por el Juez de Control. De ser encontrada culpable, la joven podría ser condenada a un máximo de cinco años de internamiento.

La Fiscalía General del Estado también se encuentra evaluando la posibilidad de presentar cargos contra los padres de Fabiola por su muestra de negligencia en lo que respecta al cuidado del niño cuando éste se encontraba en agonía.(Con información de el Universal)

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Redacción CUBO

Un hombre, presunto feminicida de dos mujeres con quienes tenía una relación sentimental –en 2014 y 2016–, fue detenido este martes en Guatemala y la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) informó que solicitará su traslado inmediato a la Ciudad de México para entregarlo a la justicia.

Jorge Humberto Martínez Cortés, El Matanovias, de 39 años, fue detenido por elementos de la Interpol este martes en Livingston, municipio de Izabal, en el país centroamericano.

La dependencia capitalina, mediante su homóloga, la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó la emisión de una ficha roja para buscar al imputado en los 192 países afiliados a la Interpol, luego de conocerse su probable participación en la muerte de dos de sus parejas sentimentales.

Así, inició acciones de colaboración con la Policía Federal Ministerial e Interpol México para la localización y captura del individuo.

La PGJ-CDMX informó en un comunicado que se coordinará de inmediato con la Policía Federal Ministerial, la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales y la Interpol, las acciones tendientes para lograr una deportación controlada y ejecutar la orden de aprehensión en contra del imputado.

Una vez asegurado, será puesto a disposición del juez requirente, para generar la audiencia inicial del procedimiento penal.

De acuerdo con reportes periodísticos, el 21 de septiembre de 2014, Martínez Cortés asesinó a Yank Kyung Jun Borrego por estrangulamiento. Se conocieron en un bar. Él trabajaba como bartender en distintos antros de la zona Roma-Condesa. Dos semanas antes de su muerte, ella se mudó a vivir con él. Este dijo a la familia de la joven de 21 años que se había suicidado en su casa colgándose del cuello.

El cuerpo de Campira Camorlinga Alanis, de 31 años, fue hallado el 31 de diciembre de 2016 en el sillón de su casa, donde tenían apenas dos semanas de vivir juntos. Tenía un golpe en la cabeza y signos de asfixia, aunque el asesino le infringió otras heridas para que pareciera un suicidio. Cámaras de videovigilancia de alrededor captaron a Jorge Huberto salir del domicilio con una mochila.

Otra de sus novias, Adriana, denunció que en 2011, cuando tenía una relación con Martínez Cortés, éste intentó matarla a golpes, pero ella escapó.

Un año antes, estuvo preso en el Reclusorio Norte por el delito de robo. Fue sentenciado a cuatro años de prisión, pero logró su libertad bajo caución.

El pasado 7 de septiembre, cuatro asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales exigieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) que declare la Alerta por Violencia de Género (AVG) en la Ciudad de México y notifique de la misma al gobierno de Miguel Ángel Mancera.

En la solicitud argumentaron el evidente incremento en las cifras de feminicidios, violaciones sexuales, desaparición y trata de mujeres en la capital de 2016 a la fecha y la negativa de PGJ-CDMX de investigar con perspectiva de género, amén de la reticencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CDMX) para reclasificar los homicidios como feminicidios.(Con información de Proceso)

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Redacciión CUBO

Un perro de la ciudad de Sinton, Texas, en los Estados Unidos consiguió escapar del huracán Harvey con todo y un paquete de comida. Gracias a la foto que se hizo viral a través de las redes sociales, su familia fue capaz de encontrarlo.

La foto, publicada por la usuaria de Facebook Tiele Dockens, muestra al can llamado Otis, una mezcla de pastor alemán, caminando por la calle con todo y un paquete de su comida empaquetada en la boca.

Este perro está caminando por Sinton, Texas con una bolsa entera de comida. LOL #refugiado. Para su información, el dueño ha sido encontrado. No es un perro callejero, simplemente se escapó de su casa. Se llama Otis.”

Varias zonas del estado sureño quedaron devastadas por el paso del huracán Harvey el pasado fin de semana. Las afectaciones dejaron a miles de personas y animales en busca de refugio provisional, sin embargo las redes sociales se mantuvieron activas ayudando a que esta foto se hiciera viral en pocas horas.
Aunque Tiele originalmente pensó que Otis era un perro callejero que había hurtado un paquete de croquetas, notó el collar con el nombre del animal lo que le hizo darse cuenta de que se trataba de un animal domesticado.

El dueño de Otis, Salvador Segovia, de 65 años, logró hallar a su perrito gracias a esta foto. Explicó que su mascota se había escapado tras el paso del huracán Harvey.

“Otis es un perro listo, sabe donde conseguir sus bocadillos”; explicó Segovia, quien supuso que el can consiguió la comida en la tienda donde usualmente la compra su familia para él.

El hombre de origen latino declaró además que el canino es muy necesario para su familia ya que es el perro de asistencia de su nieto, quien sufre de asma y fuertes convulsiones. Otis ya fue reunido con su familia al momento de la redacción de esta nota. (Con información The Washington Post)

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Redacción CUBO

Las oficinas gubernamentales y su burocracia son el semillero de los actos de corrupción en México, al menos entre los empresarios, quienes recurren a esta vía para agilizar trámites o evitar multas.

En 2016, 3 mil de cada 10 mil empresas recurrieron a actos de corrupción al realizar un trámite o someterse a una inspección gubernamental, según datos de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas publicada por el Inegi.

Y el motivo para recurrir a la corrupción, dicen los empresarios encuestados, es saltarse los procesos burocráticos. El 64.6% considera que la corrupción deriva de agilizar los trámites, el 39.4% dijo que se da para evitar multas o sanciones y el 30.7% que es para obtener licencias y permisos.

Los empresarios tampoco denuncian los actos de corrupción porque también se benefician de ellos, dijo entrevista con Milenio el director general del Inegi, Adrián Franco Barrios.

Según Barrios, el principal motivos por el que los empresarios no denuncian es porque consideran el tiempo y consideran que la situación no cambiará, pero también lo hacen porque a través de la corrupción obtienen un beneficio.

“El segundo problema, y ese puede ser la principal razón por la que el tema de corrupción tampoco registra quejas, es que al final de un acto de corrupción las dos partes obtuvieron lo que buscaban”, dijo Barrios a Milenio.

Pero no todos los trámites burocráticos provocan la misma incidencia en actos corrupción. Según los empresarios, aquellos relacionados con corporaciones policiacas o judiciales son los más recurrentes para las “mordidas”, mientras que los relacionados con estudios de agua y drenaje en los negocios son los menos.

Estos son los son trámites que más provocan actos de corrupción entre los empresarios en México, según la encuesta del Inegi sobre Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas:
1. Contacto con policías e iniciar investigación

Tasa de incidencia en corrupción:2 mil 753 de cada 10 mil empresas.
2. Abrir una carpeta de investigación

Tasa de incidencia en corrupción: mil 557 de cada 10 mil empresas.
3. Procesos judiciales laborales o mercantiles

Tasa de incidencia en corrupción: mil 545 de cada 10 mil empresas.
4. Licencias o permisos para giros especiales

Tasa de incidencia en corrupción: mil 245 de cada 10 mil empresas.
5. Juicios laborales o mercantiles

Tasa de incidencia en corrupción: mil 114 de cada 10 mil empresas.
6. Permisos para importaciones y exportaciones

Tasa de incidencia en corrupción: mil 57 de cada 10 mil empresas.
7. Licencia o permiso de uso de suelo

Tasa de incidencia en corrupción: 986 de cada 10 mil empresas.
8. Permiso para construcción

Tasa de incidencia en corrupción: 881 de cada 10 mil empresas.
9.Inscripción en proceso de licitación

Tasa de incidencia en corrupción: 714 de cada 10 mil empresas.
10. Estudios de factibilidad de agua y drenaje

Tasa de incidencia en corrupción: 703 de cada 10 mil empresas.

(Con información de HuffPost México)

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Redacción CUBO

Dayana, de cinco años, tomó unas monedas y salió a comprar dulces en una tienda que está a unos metros de donde vivía. Un hombre que revisaba una llanta la cazó cuando regresaba a casa, le tapó la boca y la subió a una camioneta. Nadie pudo detenerlo. La búsqueda duró cuatro meses hasta que la Fiscalía de Sinaloa, en el norte de México, confirmó este fin de semana que su cuerpo fue hallado en un campo agrícola, apenas a cuatro kilómetros de distancia de donde fue raptada.

Las autoridades locales anunciaron que se ha abierto una investigación por feminicidio y privación ilegal de la libertad, una modalidad de secuestro en la que no se pide un rescate. Dayana desapareció el pasado 6 de junio. La menor vivía con su madre Alma Delia, de 22 años, su padrastro y sus abuelos en la población de San Pedro, que forma parte del municipio de Navolato.

Alma Delia relató a la prensa mexicana que Dayana cursaba la preprimaria y que ese día no quiso ir a la escuela. La niña se quedó en casa viendo televisión hasta que salió sin pedir permiso a comprar las golosinas. Los vecinos intentaron detener el ultraje, pero no lo consiguieron. La familia notificó a las autoridades y la Alerta Amber, un protocolo de búsqueda para menores desaparecidos, se activó un par de días después.

Los pobladores de San Pedro bloquearon las calles de la localidad el pasado 9 de junio para reclamar que Dayana regresara viva a casa. Dayana cumplió años un mes después, en medio de una pesquisa en todo el territorio del país por encontrarla. De acuerdo con la ficha de la Alerta Amber y las versiones de los testigos, el plagiario utilizó una gorra para ocultar su identidad y su coche no tenía placas.

Las autoridades de Sinaloa encontraron el cuerpo el pasado 23 de octubre en el campo Mulas, un solar de uso agrícola, después de la llamada de un poblador del lugar a los teléfonos de emergencia. "Se hicieron recorridos de la zona tanto por tierra como por aire cuando teníamos algún indicio de que fuera encontrada", detalló el sábado el fiscal, Juan José Ríos.

Las pruebas periciales y de genética forense confirmaron la identidad de la víctima. Hay indicios de que fue asesinada en otro lugar, por lo que se ha iniciado una nueva investigación ligada a un supuesto feminicidio, según declaraciones de la fiscalía en una rueda de prensa. "Tenemos indicios de que los restos fueron dejados de forma deliberada en el lugar del hallazgo", dijo Ríos. La fiscalía ha agregado que no descartará ninguna línea de investigación y se ha comprometido a encontrar a los culpables, sobre los que no ha revelado detalles.(Con información de El País)

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Redacción CUBO

Por 12 años, el INBA mantendrá en secreto los detalles y el destino de una colección de arte que Elba Esther Gordillo intentó ocultar tras ser detenida.

Se trata de 15 cajas con 16 pinturas y una escultura aseguradas por la PGR el 29 de mayo de 2014 en una bodega en Santa Fe donde Gordillo las tenía ocultas, según el acta de entrega-recepción de la SEIDO.

Hasta 2012, la entonces lideresa magisterial planeaba exhibir estas obras en una galería dedicada a Diego Rivera en un proyecto faraónico que debía desarrollar el arquitecto Enrique Norten para el SNTE denominado "La Ciudad del Conocimiento".

Sin embargo, el plan no se realizó y, tras su captura en 2013, Gordillo solicitó a su apoderado, Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, que las encontrara e iniciara un procedimiento legal ante el Tribunal de Justicia capitalino.

El 26 de agosto de 2013, Lagunas recuperó las cajas y las movió de Azcapotzalco a la Avenida Vasco de Quiroga para guardarlas en bodegas de alquiler en una colonia popular de Santa Fe, según informó en el expediente al que REFORMA tuvo acceso.

Posteriormente, inició un procedimiento voluntario y pidió al Tribunal que enviara un actuario a la bodega de la empresa Safe Storage para que asegurara las cajas que resguardaban las obras y que citara al SNTE y a su Comité de Transparencia para que estos intentaran acreditar su propiedad.

Así, las cajas quedarían aseguradas y Gordillo quedaría desvinculada de las mismas hasta que alguien apareciera para acreditar la propiedad.

También hizo una "petición especial" para que los nombres de los involucrados fueran reservados y que el expediente se clasificara como "secreto".

Según expertos en asuntos civiles consultados por este diario, esta solicitud puede interpretarse como un intento de hacer pasar inadvertido el procedimiento.

Además, aseguran que pedir la reserva de un expediente completo no es tan común.

Los intentos de Lagunas fracasaron y los bienes fueron incautados por la PGR.

De acuerdo con un acta de la Procuraduría de mayo de 2014, el INBA debe conservar y resguardar las obras hasta que se determine su destino legal.

Vía transparencia, el INBA dijo que no podía dar detalles de la colección asegurada y que los datos se reservan por 12 años por estar involucrados en una investigación.

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Redacción CUBO

Un equipo de investigadores internacionales que llegó a México para indagar una de las peores atrocidades de derechos humanos en el país fue blanco de una tecnología sofisticada de espionaje que fue vendida al gobierno mexicano para vigilar a criminales y terroristas.

El espionaje forma parte de lo que los investigadores califican como una campaña de acoso e interferencia que, acusan, obstaculizó sus indagatorias sobre el caso de 43 estudiantes que desaparecieron tras enfrentamientos con la policía en septiembre de 2014 y cuyos cuerpos fueron presuntamente incinerados. Los investigadores, que fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicen que se toparon con muchos obstáculos en su trato con el gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave e, incluso, con una indagatoria penal en represalia a su trabajo.

Ahora hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de tecnología de espionaje.

De acuerdo con un análisis independiente, el principal enlace del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía un programa espía llamado Pegasus, un arma cibernética que el gobierno mexicano compró por decenas de millones de dólares. Ese teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México.

Además, los miembros del GIEI que indagaban la desaparición de los 43 estudiantes normalistas dicen que recibieron mensajes SMS idénticos en sus teléfonos propios, que los incentivaban a darle clic a un enlace que, de manera secreta, convierte al celular en un aparato de espionaje al posibilitar el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y hasta la cámara y el micrófono. Incluso los mensajes encriptados que lleguen a o sean enviados desde el teléfono se vuelven inservibles ya que el software ha sido descargado inadvertidamente.

El esfuerzo para espiar a funcionarios internacionales es la revelación más reciente de una ofensiva espía en México, donde algunos de los principales periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción y antiobesidad han sido afectados por la misma tecnología, Pegasus.

No obstante, la nueva evidencia comprueba que la campaña de espionaje fue mucho más allá de los críticos en casa: al tener como blanco a los miembros del GIEI, afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del presidente Enrique Peña Nieto.

Según las leyes mexicanas, la vigilancia solo puede ser realizada con el aval de un juez federal y únicamente cuando el gobierno tiene causales bien justificados. Sin embargo, la inmunidad diplomática del GIEI implica que sería muy improbable que algún juez federal hubiera firmado una orden para espiarlos, de acuerdo con los integrantes del grupo.

“No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad”, dijo Francisco Cox, abogado chileno y uno de los integrantes del grupo. “No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto”.

“Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México”, añadió Cox.

Desde 2011, México ha gastado por lo menos 80 millones de dólares en el programa espía, que se comercializa de manera exclusiva a gobiernos y con la condición de que sea utilizado solo contra delincuentes y terroristas. Pero una investigación hecha por The New York Times y analistas forenses determinaron que el software ha sido empleado contra académicos, abogados, periodistas y sus familiares, incluido un adolescente.

El gobierno ha negado ser responsable del espionaje, al afirmar que no hay huellas que dejen saber exactamente quién intervino un teléfono con Pegasus. Aunque ha prometido una investigación a fondo; la Procuraduría General de la República anunció que solicitará apoyo al FBI y a las Naciones Unidas para su labores.

Sin embargo, Roberta Jacobson, la embajadora estadounidense en México, dijo que ese apoyo no ha sido oficialmente solicitado y que no están involucrados en la investigación. Legisladores de la oposición y funcionarios internacionales han pedido que haya una investigación independiente al acusar que México no es capaz de indagarse a sí mismo.

“A primera vista, el caso –suponiendo la veracidad de estas afirmaciones– es suficientemente serio como para justificar la creación de una comisión internacional”, dijo James Cavallaro, comisionado de la CIDH. “La comisión comparte las preocupaciones de otros: ¿cómo se puede confiar en que el gobierno investigue su presunta violación de los derechos de sus ciudadanos dados los antecedentes que tiene en este caso?”.

Otra comisionada, Esmeralda Arosemena de Troitiño, respaldó el llamado para una indagatoria independiente y dijo que las acusaciones son “extremadamente preocupantes”. “Está investigación debe establecer las responsabilidades tanto materiales como intelectuales de las supuestas acciones de espionaje”, dijo.

Políticos de alto rango de la oposición han dicho que también fueron blanco de Pegasus, lo que amplía el alcance de la pesquisa y aumenta la presión en contra del gobierno para que este responda. El presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, dijo que su agrupación solicitará de manera formal el establecimiento de un comité legislativo para llevar a cabo su propia indagatoria.

“La gran tragedia de México es la impunidad. Suceden cosas horribles y no pasa nada”, dijo. “Esta vez no vamos a dejar que sea así”.

Muchos mexicanos sentían que los expertos representaban la oportunidad de descubrir qué les sucedió realmente a los estudiantes; pero los integrantes del GIEI dijeron que el gobierno obstruyó sus pesquisas y luego básicamente los expulsó al rehusarse a extender su mandato lo que, según ellos, evidencia que el gobierno simplemente no quería que el caso fuera resuelto.

Sin embargo, es difícil comprobar sus acusaciones. Incluso el fabricante de Pegasus, la empresa israelí NSO Group, dice que no puede determinar quién es responsable de intentos específicos de hackeo. Pero la empresa dice que solo le vende el programa a gobiernos y que este tiene salvaguardias específicas que no permiten que la tecnología sea usada afuera de las agencias gubernamentales que la adquieren.

Además, una vez que un celular es infectado con Pegasus, los analistas informáticos pueden identificar los rastros del código de NSO Group en el teléfono al examinar el mensaje para ver si el enlace tenía vínculos a algún servidor con tecnología de NSO; así han confirmado el uso del programa en al menos 19 casos que involucran a los periodistas, activistas y defensores mexicanos y, ahora, oficiales internacionales.

Los investigadores le enviaron una carta privada al secretario ejecutivo de la CIDH a finales de junio en el que detallaban sus sospechas después de otro artículo de The New York Times sobre los intentos de vigilancia a los periodistas y defensores de derechos. Además del teléfono de Gómez Trejo, dijeron que otros dos celulares recibieron mensajes sospechosos.

Uno de ellos, enviado en marzo, era de alguien que pretendía ser un amigo cercano cuyo padre acababa de fallecer, contenía un enlace con los presuntos detalles del funeral. Cuando le dieron clic, se abrió el sitio web de una casa funeraria mexicana. Un mensaje muy similar, con el enlace al mismo sitio web, fue enviado el año pasado a un académico que impulsaba un impuesto a los refrescos en México. En el caso de ese académico, se confirmó que el mensaje contenía el software Pegasus.

El GIEI pasaba por una crisis cuando los investigadores habrían sido víctimas del programa espía. La presión del gobierno era cada vez mayor y apenas unas semanas antes los miembros del grupo habían hecho públicas sus acusaciones de que las autoridades los estaban obstaculizando. También estaban a poco menos de dos meses de publicar su informe final, que rechazó la versión oficial o “verdad histórica” del gobierno sobre lo sucedido a los estudiantes desaparecidos.

En pocos meses dejó de ser así y la relación entre el GIEI y las autoridades se deterioró. En su primer informe, el grupo contradijo una parte central de la verdad histórica que la PGR sostenía, al decir que no había evidencia de un incendio suficientemente poderoso como para haber incinerado 43 cuerpos y que ningún hueso o fragmento entre los restos coincidían con los de los desaparecidos.

La acrimonia se hizo sentir. Algunos periódicos mexicanos publicaron reportes críticos del GIEI y una persona fue invitada a hablar en una universidad local tras acusar a una de las integrantes del grupo, la colombiana Ángela Buitrago, de haber fabricado pruebas. Luego, las autoridades abrieron una investigación contra el entonces secretario ejecutivo de la CIDH por denuncias infundadas de que hubo fraude en el manejo de los fondos mexicanos destinados para la comisión.

“Siempre trabajamos de buena fe, y entramos con el corazón y los ojos abiertos”, dijo Cox, el chileno. “Nuestro propósito era contribuir al Estado de derecho en México”.(Con Información The New York Times en Español)

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El Instituto Nacional Electoral (INE) investiga a operadores y responsables de 13 módulos de atención ciudadana para solicitar la credencial para votar, por presuntos ilícitos como el robo de identidad y la alteración del Padrón Electoral.

Así se dio a conocer en un informe del INE a los representantes de partidos en la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro.

René Miranda, director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, explicó que 95% de las denuncias que tiene la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) sobre esos ilícitos provienen del propio INE.

Desde el año pasado se aprobó un protocolo para detectar y detener esos ilícitos por parte de los vocales ejecutivos, añadió.

El INE cuenta con 528 módulos fijos, 111 semifijos y 261 módulos móviles.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), México ocupa el octavo lugar a escala mundial en robo de identidad.

En 2016, ese organismo recibió tres mil quejas en relación con ese delito.

Indagan robo de datos en los módulos del INE

El propio instituto presentó 95% de las denuncias ante la Fepade.

El Instituto Nacional Electoral (INE) investiga a operadores y responsables de 13 módulos de atención ciudadana para solicitar la credencial para votar, por presuntos ilícitos como el robo de identidad y alteración del Padrón Electoral, según un informe del Instituto a los representantes de partidos en la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro.

Hay que recordar que el INE cuenta con 528 módulos fijos, 111 semifijos y 261 módulos móviles.

A petición del PRI y apoyado por varios partidos, se solicitó a René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, un informe detallado de las investigaciones, en el que se especifique quiénes son los involucrados y las acciones tomadas.

Miranda explicó que 95% de las denuncias que tiene la Fepade sobre esos ilícitos provienen del propio INE y que, desde el año pasado, se aprobó un protocolo para detectar y detener esos ilícitos, por parte de los vocales ejecutivos.

Comentó que estos casos son del año pasado, ya que en lo que va del año no se han detectado irregularidades en otros módulos y manifestó su confianza en que pasen meses y años en los que no se vuelvan a presentar casos de este tipo.

Hasta lo que va de las investigaciones resalta que los involucrados son operadores de los módulos y algunos responsables de los mismos, pero, por el momento, no están involucrados integrantes del Servicio Profesional Electoral, como vocales ejecutivos, del registro a nivel local o a nivel distrital.

El protocolo aprobado por la Junta General Ejecutiva prevé que el resultado de la investigación interna del INE se tiene que enviar a la Dirección Jurídica, a la de Administración y a del Servicio Profesional Electoral, estas dos últimas cuando están involucrados trabajadores administrativos o del Servicio Profesional, y a la primera para que entregue la información a la Fepade, facultada para investigar estos delitos.

Adicionalmente se informó que la Dirección del Servicio Profesional está empezando a analizar si la omisión de elementos del Servicio, como vocales ejecutivos, pudiera haber facilitado los presuntos ilícitos, por no tener la vigilancia adecuada.(Con información de Excélsior)

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En cuentas de redes sociales se reportó este jueves el hallazgo de nueve personas ejecutadas afuera de un domicilio en la colonia Viveros, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Código Rojo Tamaulipas y Valor por Tamaulipas informaron que el multihomicidio se debió a una advertencia lanzada por Eduardo Mendoza Robles, alias "Z 33" y otro sujeto identificado como el “Z 47”, ambos integrantes del grupo delictivo Los Zetas, contra los antros que presuntamente controla el Cártel del Noreste en la ciudad fronteriza, según una leyenda que se encontró sobre los cuerpos.

Por su parte, la Vocería de Tamaulipas publicó una alerta de riegos este mediodía, confirmando una situación de peligrosidad en la mencionada zona.

Sin dar detalles, la dependencia señaló que en el lugar había personal de servicios periciales y recomendó evitar transitar por el lugar.(Con Informaión de Excélsior)

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Hace siete años, Hueso, un perro mestizo de color blanco, vivía en las calles; hoy busca vida en los escombros de los edificios colapsados.

Hueso; Gala, Baco y Cairo, tres pastores belga malinois; Geri, un pastor belga groenendael y Mina, un labrador, forman parte del programa de binomios perro-humano de la UNAM que participaron en las labores de rescate tras el sismo del 19 de septiembre.

En un comunicado, la UNAM indicó que la misión en la colonia Lindavista de la Ciudad de México, fue la décima del programa.

Hueso también es parte de la sección de Rescate Acuático de la Cruz Roja, pero fue adiestrado en el programa universitario.

"Lo adoptamos en diciembre de 2010 en la Basílica de Guadalupe; llegó perdido al puesto y gracias al programa aprendió el oficio de rescatista", dijo Javier Sotomayor Hernández, su manejador y voluntario.

"Se ha preparado, es alegre, juguetón, distraído, como fue callejero, de repente lo envuelve la inquietud", agregó.

El también estudiante de la UNAM dijo que han "estado los últimos días en el colegio Enrique Rébsamen; en Viaducto; en las calles de Escocia, Gabriel Mancera, Saratoga, Petén, Bolívar y Chimalpopoca, Medellín y San Luis, Ámsterdam; y en la colonia Lindavista" realizando labores de rescate.

Los brigadistas explicaron que los perros realizan marcajes en donde detectan a personas vivas, en las estructuras colapsadas y después comienzan los trabajos de remoción de escombros para sacar a las personas.

Julio Velázquez recordó que tras el simulacro del 19 de septiembre se detuvieron a comer en la esquina de Viaducto y Cuauhtémoc, y "ahí nos sorprendió el sismo; esperamos a que pasara y justo cuadras atrás, por el Centro Médico, había ya colapsos, y empezamos a trabajar. Íbamos equipados con dos perros y un vehículo, desde ese momento no hemos parado".

El programa está a cargo de Manuel Francisco Llamas Galván, alumno de la Facultad de Derecho; Roberto y Víctor Hugo Villanueva, ambos de la Facultad de Ingeniería; David Emanuel Muñoz Zamudio, de la Preparatoria 5; Julio Israel Guerrero Hernández, del doctorado en Ciencias Biológicas del Instituto de Investigaciones Biomédicas; y Bárbara Olivares, de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), además de Julio Velázquez, quien funge como titular.(Con información de Milenio)

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“No me asustas, no te tengo miedo, no estoy sola y hay mucha gente que me quiere”, así respondió la campeona mundial de frontón Diana Laura Núñez Malacara a su acosador en Facebook, ‘Julio Domínguez’, quien la ha amenazado con violarla y matarla.

A través de redes sociales, la deportista saltillense denunció el hostigamiento, acoso y amenazas de parte del sujeto, quien en reiteradas ocasiones le ha llamado por teléfono.

Diana Laura publicó un mensaje en su muro de Facebook, en el que precisa que la madrugada del lunes 9 le quebraron un cristal de su vehículo. ‘Julio Domínguez’ también le dejó una nota donde la amenazaba “que me iba a violar y matar”.

“Lo importante no es el vidrio, sino que tengo desde enero aproximadamente siendo amenazada por este sujeto, primero por llamadas a mi celular de distintos teléfonos, después los mensajes de fb (Facebook) y ahora esto del carro”, escribió en la red social.

La estudiante de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) también compartió una captura de pantalla en la que ‘Julio Domínguez’, quien esconde su verdadera identidad, le pregunta si vio su mensaje:

“Hola hermosa, espero hayas recibido mi mensaje, el que te deje en tu bocho, es tu primera advertencia, tienes 3”.

Y en otro mensaje directo en redes sociales hacia la deportista, el individuo trata de amedrentarla, la hostiga y amenaza con dañarla físicamente: “ya quiero tener tu cuerpo y hacerte mía”.

Pero Diana Laura no se arredró y como respuesta le envió un mensaje al acosador:

“Como sé que lo vas a ver y quiero que lo veas, por lo que lo pondré modo público, quiero decirte que NO ME ASUSTAS, NO TE TENGO MIEDO, no estoy sola y hay mucha gente que me quiere, está conmigo y me cuida y en dado caso que me encuentres sola yo me sé defender”.

De igual manera, hizo un llamado a que si alguien ha sido o es acosada por esa persona, haga una denuncia formal a las autoridades pertinentes. Y agregó el hashtag #Niunamás. (con información de Proceso)

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Sergio Alberto, padre de la niña Valeria, quien fue violada y asesinada por el conductor de una unidad de transporte público la semana pasada, al enterarse que el supuesto homicida se suicidó en el interior del penal estatal Neza-Bordo, comentó que se aplicó la justicia de Dios, pero no la de los hombres.

"No hay justicia, no hay manera de que se le haga justicia por los hombres. La justicia del Señor tarde o temprano iba a llegar, pero la de los hombres debe aplicarse, nadie puede estar por encima de la ley, nadie puede estar asesinando gente inocente", afirmó el señor.

El padre de la pequeña criticó a las autoridades carcelarias por permitir que el imputado de la muerte de su hija se haya quitado la vida.

Pedirá que las autoridades les informen si hubo omisiones o negligencia de parte del personal de custodios del centro de readaptación social de Nezahualcóyotl por el suicidio del hombre acusado de matar a la pequeña de 11 años de edad.

La muerte de José Octavio no alivia el dolor por el asesinato de Valeria, expresó su progenitor.

Al enterarse por los medios de difusión de la muerte de José Octavio y por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, aceptó que duda de que el acusado haya decidido quitarse la vida.

Jaquelín, madre de la menor, dijo que la noche del miércoles recibieron amenazas de que conductores de la Ruta 40, en la que laboraba José Octavio, irían a atacar su casa, por lo que exigía protección.

Durante la tarde de ayer el ayuntamiento de Nezahualcóyotl envío a varios elementos de la Policía Municipal para que protejan a la familia y al inmueble.

El alcalde Juan Hugo de la Rosa, dijo que aun cuando no hay una denuncia formal, de manera preventiva ya hay presencia de oficiales de la corporación en labores de vigilancia permanente en el domicilio (con información de El Universal)

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Redacción CUBO
Enrique Metinides, conocido por perseguir a la muerte con su cámara desde los siete años, confiesa que "si volviera a nacer no sería fotógrafo". "Estoy arrepentido totalmente", dice este reportero de ojos vivos que sobrevivió a diecinueve accidentes mortales.
Metinides (Ciudad de México, 1934) empezó su leyenda como reportero cuando su padre, de origen griego, cerró su tienda de fotografía en la Avenida Juárez de Ciudad de México y le regaló una de las últimas cámaras que tenía, una Brown Júnior que tomaba doce fotos en blanco y negro.
"Con eso empecé a tomar fotos de coches que chocaban. Llegué a tener muchísimos choques en la calle, porque en ese tiempo los coches no se los llevaba la grúa si no estorbaba, y yo llegaba y siempre había un policía vigilando un carro. Posaban para mí", cuenta Metinides.
Cuando su padre vendió su negocio, inauguró un restaurante de comida griega al lado de la séptima delegación del Ministerio Público, y los funcionarios iban a comer allí cada jueves.
"Les caí bien y me dijeron que fuera a la delegación para tomar fotos", recuerda sentado en su comedor, lleno de máscaras, ranas, vírgenes de Guadalupe y fotos familiares, objetos que, perfectamente distribuidos, dejan ver su carácter meticuloso.
Ahí fue cuando el joven reportero, cuyo pánico incurable a los aviones le ha impedido conocer Dinamarca, Japón, China o Grecia, algunos de los países donde ha expuesto, fotografió a su primer muerto en una delegación, que además estaba decapitado.
Metinides, cuya afición a las películas de gángsters le hicieron casi inmune a las escabrosas que retrató desde pequeño, empezó a colaborar con el diario La Prensa cuando el reportero Antonio Velázquez le vio tomar imágenes en un accidente en San Cosme.
"Alquilábamos un taxi hasta Lecumberri, la única cárcel que había en toda la Ciudad de México. Allí conocí a uno que le llamaban El Sapo, que había matado a 168 personas y cinco reos dentro, y era mi amigo y me cuidaba de los demás presos porque era el jefe de todo Lecumberri", narra Metinides, quien nunca pidió permiso a sus padres mientras aún estaba en la primaria.
El fotógrafo, recuerda que durante toda su carrera, en la que colaboró también con Crimen, Alarma o Nota Roja, "todo lo que era el ambiente policíaco era muy amigo de la prensa", tanto que una fotografía suya ayudó a resolver un asesinato.
El reportero, que nunca salía a una cobertura sin una rana de cerámica y una estampa de la Virgen de Guadalupe, reclama que ahora no dejan trabajar a los periodistas, ocho de ellos asesinados este año (Con información de EFE).

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Redacción CUBO

A Justin Hofman, fotógrafo californiano de 33 años, le gusta retratar animales grandes, asegura a Verne. "Estaba en Indonesia y me sumergí en el mar para cazar la imagen de una ballena o de un pez raya, pero me encontré un diminuto caballito de mar. Pensé que a todo el mundo le gustan y me puse a hacer fotos. Al principio, parecía una imagen bonita. Pero de pronto vi cómo se sujetaba en un bastoncillo, que era parte de la basura que el viento había traído desde otra parte del océano. Ya no me resultó una instantánea tan amable", relata en conversación telefónica. Con este trabajo opta al premio Wildlife Photographer of the Year que organiza el Museo de Historia Natural de Londres.

Indonesia es el segundo país del mundo que más desechos plásticos arroja al mar. Hofman, en plena expedición en una de sus islas, Subawa, se adentró en el mar con un flash especial que le permite inmortalizar la realidad que transcurre bajo el agua. Los puntos blancos que aparecen al fondo son en realidad bolsas de plástico.

Aunque el certamen británico anuncia a sus ganadores en octubre, Hofman decidió publicar su candidata en Instagram con un mensaje claro.

"Me gustaría que no existiera esta foto. Ya que existe, quiero que la vea todo el mundo. Lo que comenzó como una oportunidad de retratar a un pequeño caballo de mar se convirtió en frustración y tristeza. La marea entrante trajo consigo innumerables pedazos de basura y restos de alcantarillas. Este caballo de mar navega junto a desechos un día sí y otro también en las corrientes que fluyen a lo largo del archipiélago indonesio. Esta foto sirve como una alegoría sobre el estado actual y el futuro de nuestros océanos. ¿Qué tipo de futuro estamos construyendo? ¿Cómo pueden sus acciones dar forma a nuestro planeta?".

El californiano asegura a Verne no querer imponer al espectador lo que debe pensar, pero sí que lanza una idea que le ha inspirado esta imagen: "La fotografía también puede concienciar sin necesidad de ser excesivamente gráfica, desagradable o explícita. La enorme cantidad de reacciones que ha generado en redes sociales me da algo de esperanza".

Después de viajar por todo el mundo con su cámara, Hofman opina que no hay zona del mundo que no maltrate a su propio entorno natural. "En cuanto a la contaminación del océano, que es el tema que se refleja en esta foto, todos somos responsables, aun cuando vivimos lejos del mar", comenta.

A través de este enlace puedes ver una galería con otros finalistas de la edición 2017 del Wildlife Photographer of the Year.(Con información de Verne)

 

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Redacción CUBO

#AquíSigo es una campaña que lanzaron colonos y establecimientos mercantiles de las colonias Roma y Condesa, para agradecer a quienes ayudaron en la fase de emergencia en esos barrios.

Mediante un video, se agradece desde rescatistas, bomberos, voluntarios, y hasta los medios de comunicación “Por lo que has hecho por nuestros barrios”.

Se agradece también a todos aquellos que ayudaron, lloraron, compartieron, donaron, revisaron, trabajaron, etcétera, por esas colonias.

Se trata de una iniciativa encabezada, entre otros por Ana Elena Mallet, organizadora del festival gastronómico y cultural Corredor Cultural Roma Condesa que se efectúa cada semestre.

Mallet, en calidad de promotora cultural y vecina de La Condesa planteó que, en lugar de abandonar esos barrios, de emigrar como sucedió en 1985, se recupere la colonia con sus habitantes actuales.(Con información de Excélsior)

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Redacción CUBO

Fue reina del Carnaval de Cosalá, un Municipio de 2 mil kilómetros cuadrados y apenas 8 mil habitantes.

Después de eso, a los 23 años llegó a ser la diputada más joven de Sinaloa apoyada por la coalición de PAN y PRD, elegida en 2013.

Su desempeño legislativo no fue fulgurante salvo por la fama que le acarreó un mote: “La Chapodiputada”.

Hoy Lucero Sánchez López está detenida en el Centro Correccional Metropolitano de San Diego, en Estados Unidos, acusada de conspiración con el Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas y lavado de dinero. Aunque su detención fue fortuita: quiso entrar a Estados Unidos el pasado miércoles sin saber que su visa estaba cancelada.

En el expediente estadounidense, un informante del cártel declaró al Departamento de Seguridad Interna de EU que la sinaloense estaba con Joaquín “El Chapo” Guzmán cuando marinos estuvieron a punto de arrestarlo en Culiacán, el 17 de febrero de 2014, pero escapó por un túnel.

Ella se jactaba de ser novia del capo y lo frecuentaba en el Penal de Almoloya.

En 2014, detalló la PGR, la entonces legisladora visitó con documentos falsos al líder del Cártel del Pacífico. Para entrar hizo llamarse Devany Vianey Villatoro Pérez.

La reina de Cosalá

La carrera política de Lucero Sánchez fue corta: ser diputada fue su primer puesto en el mundo político.

Nadie habla de su niñez, de su pasado. Los pobladores de Cosalá la describen como alguien seria, siempre respaldada por los "jefes", de quienes no especifican nombres, pero acotan que son personas "de peso" para el pueblo.

La noche del 7 de julio de 2013, Lucero Sánchez se enteró que había sido elegida como diputada local en Sinaloa.

Ninguno de los partidos que arroparon su candidatura —Sinaloense, PAN, PRD y PT— se adjudica su postulación.

Eso pudo ser, según justifican los dirigentes de cada instituto político, una candidatura que nació por generación espontánea.

Ramón Lucas Lizárraga, quien fue presidente del PRD en Sinaloa, dijo que la propuesta se hizo directamente por el entonces Secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, quien siendo priista buscó a la dirigencia del Partido Sinaloense para que la apoyara.

Esta versión fue negada por Edgardo Burgos Marentes, presidente del PAN en Sinaloa durante la campaña electoral de 2013, quien afirmó que fue por consenso entre políticos panistas en Cosalá, que le recomendaron dos cartas: el panista Jaime Corrales y Lucero Sánchez, sólo que el primero habría declinado a la candidatura.

El proceso electoral de Sánchez López fue histórico, pues de pronto una "desconocida" logró obtener la segunda votación más abultada en la historia de ese Municipio.

El órgano electoral contabilizó 4 mil 167 votos, casi mil votos más de los que obtuvo Mario López Valdez para ser Gobernador en 2010.

El diario Noroeste documentó el 29 de enero de 2016 que la campaña de Sánchez López pudo haber sido auspiciada por Guzmán Loera, luego de obtener testimonios anónimos de pobladores sobre la posible relación con él. Nadie en Cosalá se atreve a hablar abiertamente de ese vínculo.

Versiones anónimas señalan que Sánchez López trabajó desde muy joven en la sierra madre occidental.

Su labor era estar en la cocina para hacer tortillas a mano a personas que trabajaban en el campo, sembrando mariguana y amapola, donde conoció al líder del Cártel de Sinaloa, quien la habría apoyado para su campaña a candidata como reina del Carnaval de Cosalá.

La PGR señaló que el capo se reunió en distintas ocasiones con la legisladora y que, incluso, acudió a una fiesta en casa de su hermana.

Las versiones no han sido comprobadas y la ex diputada ha negado reiteradamente la relación con el narcotraficante.

En su momento afirmó que se trataba de una persecución política en su contra de cara al proceso electoral de 2016.

En ese año, la Procuraduría solicitó su desafuero ante la Cámara de Diputados e inició una investigación en su contra por falsificación de documentos, un delito menor, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Después de su desafuero, Sánchez López dejó de aparecer en sitios y eventos públicos, pues, de acuerdo con su abogado Francisco Verdugo Fierro, se sentía intimidada y amenazada por las autoridades y por grupos del crimen organizado.

Viajó el 21 de junio a Estados Unidos y trató de pedir refugio, pero al llegar a Mesa de Otay fue retenida y luego llevada al Centro Correccional Metropolitano de San Diego (Con información de Reforma).

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Redacción CUBO

#JusticiaParaMara, #NiUnaMenos y #TodasSomosMara, son algunas de las voces con las que mujeres protestaron este domingo en diferentes puntos del país, por el caso de la joven Mara Castilla, asesinada tras tomar un taxi de la empresa Cabify en la ciudad de Cholula, Puebla.
En la Ciudad de México, el recorrido inició cerca de las 12:00 horas, en el Zócalo, para luego dirigirse a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).

“No perdemos la vida, nos la arrebatan por ser mujeres”, indicó en su pancarta una de las manifestantes, en el Zócalo.

“Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, es uno de los reclamos que se escuchó.

“El silencio es cómplice, el miedo acalla y la violencia hacia las mujeres queda impune”, agregó otra manifestante, resaltando que la protesta no solo es por el caso de Mara Castilla, sino por el de todas las mujeres que han sido asesinadas en México, o que han sufrido alguna agresión machista.

Durante el recorrido hacia la PGR, también se escucharon reclamos contra Cabify, con gritos como: “No falleció, la asesinaron”.

También fueron convocadas manifestaciones en Puebla, Guadalajara, Xalapa y Torreón, entre otras ciudades, tanto el domingo como el próximo lunes.

Aquí puedes consultar el listado de marchas

En el Zócalo de Puebla, la Red Plural de Mujeres recolectó firmas, para exigir que se active la alerta de género en la entidad.

En la capital tapatía, se podían leer en las pancartas mensajes como: “Vivir libres de violencia es nuestro derecho, y lo vamos a exigir”, según reportó el diario Mural.

Mujeres en Torreón, Coahuila, también se manifestaron:

Lo mismo ocurrió en León, Guanajuato, mujeres se manifestaron con el grito de #TodosSomosMara:

El pasado 15 de septiembre, las autoridades de Puebla confirmaron que Mara Castilla fue asesinada. Durante ocho días su paradero fue desconocido, luego de que tomara un vehículo del servicio Cabify, al salir de un bar durante la madrugada, en Cholula.

Como presunto responsable, fue detenido el conductor del taxi, quien será imputado por el delito de feminicidio.

Al darse a conocer la muerte de Mara, en redes sociales fueron compartidos cientos de mensajes, lamentando la inseguridad y la violencia contra las mujeres en México.

“En México las mujeres están constantemente en riesgo. No puede apelarse al comportamiento de las mujeres, dejando la responsabilidad en las víctimas. No. Estamos frente a un contexto que desprecia la vida de las mujeres, y a un Estado machista que tiene una histórica deuda pendiente, que debe revisar sus responsabilidades y su debe de diligencia respecto a la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres”, señaló la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum.

“Cifras del INEGI señalan que el 66.1% de las mujeres mexicanas han padecido por lo menos un hecho de violencia en sus vidas. Las cifras se nutren todos los días por hechos tan lamentables como los de Mara. No es culpa de las víctimas, es culpa del Estado que ha normalizado la violencia”, agregó.(Con información de Sin Embargo)

 

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Redacción CUBO
Desde el sexenio de Felipe Calderón los mexicanos han estado expuestos al mayor de los espionajes conocido hasta ahora, con el apoyo de un entramado de empresas de origen israelí establecidas en México, en algunas de las cuales están asociados militares mexicanos en retiro.

Los sofisticados equipos de intrusión fueron adquiridos y operados inicialmente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña) y al final del sexenio pasado, por la Procuraduría General de la República (PGR). Pero el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió renovar o adquirir nuevas licencias de su uso y concentrarlos en la Secretaría de Gobernación.

La operación de esos equipos y programas invasivos está ahora en manos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el aparato de inteligencia del Estado mexicano que depende del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong.

En lo que va de la década, México se ha convertido en un gran mercado para programas de espionaje cibernético gubernamental como Pegasus, desarrollado por la empresa israelí -fundada por exmilitares de ese país- NSO Group y distribuido a través de terceros también de origen israelí, asociados con mexicanos que han vendido el software también a gobiernos estatales.

NSO es la empresa de vigilancia que ha desarrollado los sistemas más avanzados de espionaje que son vendidos sólo a gobiernos.

Pegasus ha sido distribuido en el gobierno de Peña Nieto y en varios estatales por medio de un enjambre de empresas vinculadas con Israel, según la información interna de esa firma que fue hacheada en 2015 y hecha pública por la plataforma WikiLeaks (Proceso 2019).

Fusión

Como parte de los cambios en esta área realizados por el gobierno de Peña Nieto, el secretario de Gobernación quedó como el responsable del llamado Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, donde se reúnen las actividades de ese tipo de la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar), la PGR y la propia Segob a través del Cisen y la Policía Federal (PF).

Está integrado por cinco centros regionales en Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Colima y Guerrero. De acuerdo con fuentes consultadas del sector de seguridad, es el Cisen el que tiene el "switch access" para operar los equipos y sistemas, mientras que la Sedena, la Semar y la PGR tienen acceso restringido.

En su informe Estado de la vigilancia fuera de control, publicado en noviembre pasado por la organización no gubernamental R3D, "existe evidencia de que agencias del gobierno mexicano han adquirido el spyware de NSO Group. Diversa información apunta a que posiblemente la Sedeña, la PGR y el Cisen habrían comprado el software de NSO".

La Sedena, la PGR y el Cisen son, en efecto, las dependencias que desde el gobierno de Calderón entraron en contacto con las empresas mexicano-israelíes distribuidoras del software de NSO Group, firma creada por exmilitares de élite de la unidad 8200, el Centro de Tecnología e Inteligencia del Ministerio de Fuerzas Armadas de Israel y en 2014 fue adquirida por el fondo privado Francisco Partners, de San Francisco, California.

Incluso, según los propios vendedores de Pegasus, en el verano de ese año, al inicio de la compra, el Cisen, además de inexperto, fue negligente en la operación del equipo.

En ese entonces, los empleados de HackingTeam -otra empresa de espionaje, ésta italiana- trataban de convencer al Cisen para que renovara las licencias de su programa Remote Control Systems, un software similar a Pegasus pero más barato. Los correos que se intercambiaron a finales de agosto de ese año se resumen a una serie de quejas contra los agentes del Cisen.

Los empleados de Hacking Team deploraron que los encargados mexicanos de inteligencia fueran incapaces de instalar unfirewall (muro de seguridad), y señalaron que "puede ser incluso que estén intervenidos. ¿Quién sabe?".

Esta negligencia provocó que en febrero de 2014, la dirección IP de cuatro servidores del Cisen fueron exhibidos en internet. Lo peor, según los empleados de la empresa italiana, resultó que los agentes mexicanos ni siquiera se enteraron.

Los ingenieros de HackingTeam tuvieron la tarea difícil: NSO había presentado una propuesta de paquetes de infección de Pegasus con un precio "exagerado", de 15 millones de dólares. De concretarse la venta del producto "quienes se involucraron en la venta tendrán su dinero", deploró Alex Velasco, representante de Hacking Team en México (Con información de Proceso)