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Se empatana la reconstrucción

Redacción CUBO


Después del sismo de 7.1 grados que causó la muerte de 228 personas y dañó severamente 3 mil inmuebles en la Ciudad de México, la desconfianza de los damnificados hacia el plan oficial de reconstrucción se exacerba. 

Su principal queja es porque, dicen, las inmobiliarias están vinculadas a funcionarios del gobierno local. 
Por lo menos una veintena de organizaciones no está de acuerdo con la reducción de la superficie de sus futuros departamentos ni con los créditos bancarios que les ofrecen -muchos incluso se declaran insolventes-, pero sobre todo rechazan que las desarrolladoras urbanas beneficiadas con el boom inmobiliario que se inició en el año 2000, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador -cuando se promovió el crecimiento vertical-, queden a cargo de la reconstrucción. 
La redensificación que propone el gobierno de Miguel Ángel Mancera -es decir, edificar viviendas más pequeñas y con más pisos para meter nuevos inquilinos, y con lo que ellos aporten, costear la reconstrucción- no convence a los damnificados. 
En la Unidad Habitacional Tlalpan, donde 500 departamentos resultaron dañados, los vecinos recibieron el pasado 12 de octubre a funcionarios encabezados por el arquitecto Fernando Méndez Bernal, representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), y al ingeniero Charbel Gómez Ruiz, quienes les presentaron un programa de reconstrucción. 
Los vecinos investigaron a esos funcionarios y detectaron sus presuntos vínculos con empresarios del ramo inmobiliario, así como denuncias contra ellos por construcciones mal realizadas. íurbios antecedentes Señalamientos de ese tipo datan de hace meses. El 17 de mayo último, el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles denunció públicamente que Méndez Bernal, asesor del titular de la Seduvi, ha tenido puestos clave en la compleja red de influencias que funcionarios de la Ciudad de México tienen con empresas constructoras y con el Colegio de Arquitectos para la aprobación de permisos de construcción y aprobaciones de por lo menos 50 directores responsables de obra (DRO). 
Originario de Michoacán, en su trayectoria profesional Méndez Bernal aparece como asesor y socio en Desarrollo Urbano y Construcción en GMT Espacio; además es proyectista de inmuebles y centros de salud, así como colaborador en distintos planes y programas de desarrollo urbano. 
Entre 2007 y 2011 fue presidente de Arquitectos Directores Responsables de Obra, Corresponsables y Peritos en Desarrollo Urbano; y en el bienio 2013-2014 fue presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México (CAM-SAM), que aglutina a los candidatos a DRO. Durante su gestión, el Colegio consiguió un contrato con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México -SEDECO/ DA/CT/57/13- por 7.5 millones de pesos para el desarrollo del Plan Maestro para el incremento de la competitividad del polígono económico productivo de La Merced, en el Centro Histórico. 
En 2016 Méndez Bernal estuvo involucrado en el conflicto del cierre del Foro Shakespeare, un viejo teatro ubicado en la colonia Condesa donde durante años se presentaron obras de alta calidad. Vecinos encabezados por Quetzal Castro, secretaria del Comité Ciudadano Hipódromo II, enviaron una carta al jefe de gobierno en la cual acusan al funcionario de haber emitido el oficio SEDUVI/DGAU/ DCR/8810/2016 donde asienta "falsamente" que el teatro puede construirse en el Parque Cholula de la colonia Hipódromo Condesa, aun cuando esa superficie se ubica en la colonia Hipódromo. 
Además, su nombre aparece en un reporte catastral de un edificio derrumbado -el de Residencial San José, en la calle Emiliano Zapata 56- como "responsable en diseño urbano y arquitectónico". 
La constructora Cañada Building System de México, responsable de esa edificación donde murieron dos personas y 26 se quedaron sin vivienda, es investigada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ante la presunción de que no utilizó materiales antisísmicos. 
Otro personaje "de cuestionable calidad" A pesar de este antecedente, tras el sismo del 19 de septiembre pasado la Seduvi y el CAM-SAM, que él mismo dirigió un año, establecieron un acuerdo para trabajar conjuntamente en la revisión de los inmuebles dañados, con la llamada #BrigadaCDMXC. 
Es así que aparece como responsable de la reconstrucción de la Unidad Habitacional Tlalpan, acompañado de Gómez Ruiz, otro personaje "de cuestionable calidad" que, según los vecinos avaló las ? constancias de seguridad de tres edificios caídos en esa unidad. 
En junio de 2012 Gómez Ruiz estuvo involucrado en acusaciones de fraude, pues al ser contratado por la delegación Cuauhtémoc para realizar el peritaje de la situación de 21 edificios de Tlatelolco con daños por el terremoto de 1985, los vecinos rechazaron los dictámenes que fueron hechos en documentos idénticos para todos los edificios, aun cuando no correspondían a la superficie y altura de cada inmueble. 
Un año después, en 2013, aparecía como DRO de una construcción irregular en la zona residencial de Lomas de Chapultepec en la delegación Miguel Hidalgo. 
El Instituto de Verificación Administrativa la clausuró varias veces por no contar con los permisos correspondientes. 
No obstante, los sellos fueron violentados constantemente. 
Como corresponsable de Seguridad Estructural, Gómez Ruiz sirvió como testigo a Jaime Smith Ríos para tratar de deslindarlo de la responsabilidad del derrumbe del edificio de Zapata 56, en Portales. Este arquitecto firmó cartas responsivas que avalaban la seguridad estructural del inmueble y que permitieron que los departamentos fueran vendidos, por eso ahora un juez determinó que sea vinculado a proceso. 
En 2014 Gómez, Smith Ríos y Méndez Bernal fueron demandados por las lesiones ocasionadas a una transeúnte, Celia Luna Mata, a quien le cayó una viga de acero en la cabeza cuando caminaba por las inmediaciones de la obra ubicada en Insurgentes Sur 180, casi esquina con Reforma. 
El equipo que valorará la Unidad Multifamiliar Tlalpan también incluye a Alfonso Salomón Ramos, de la Unidad Departamental de Equipamiento y Mobiliario Urbano de la Seduvi. En 2016 fue acusado públicamente de utilizar su puesto como titular de la Unidad Departamental de Responsables de Obra y Apoyos Fiscales para manipular la lista de DRO autorizados. 
Otro funcionario es José Sabino Varela Aramburo, del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa-Cámara Mexicana de Industria de la Construcción. 
En 2011, como director del Grupo de Diseño, Proyecto, Construcción y Supervisión, generó contratos con la empresa española OHL, acusada de participar en actos de corrupción en los contratos con los gobiernos de Puebla y del Estado de México. 
También está el empresario Luis Armando Díaz-Infante Chapa, socio fundador del Grupo Inmobiliario Bildin Sites y dueño de Grupo Fagas. 
Asimismo, como DRO para los trabajos de reconstrucción del Multifamiliar Tlalpan aparecen Abel Ángel López Martínez y Marcelo Alfonso González Reyes; en 2016, este último, junto con otros 10, aparece en una lista elaborada por el presidente del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles para que le fuera retirada la licen:ia por haberla conseguido con documen:ación falsa y no contar con la certificanon necesaria. 
En su órgano informativo correspondiente a noviembre, los representantes veríñales del Multifamiliar Tlalpan reiteraron sus dudas sobre la "cuestionable calidad moral" de los responsables de la reestructuración, sobre todo de Gómez Ruiz. 
Según informaron, en una reunión del sábado 4 con representantes de por lo menos 17 zonas afectadas constituidos en un frente, los damnificados denunciaron "el :rato negligente, insensible e irresponsasle de todos los niveles de gobierno que se !ian enfocado más en administrar el conflicto que en atender el problema (de la reconstrucción)". 
Exigieron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Dipu:ados asignar los recursos necesarios -50 mil millones de pesos- a dictámenes, estudios, programas emergentes, reparación, reForzamiento, demolición y reconstrucción. 
"Si hubo recursos para rescatar banqueros con el Fobaproa o para rescatar carreteras -argüyeron-, ¿por qué no habría fondos públicos para la atención de esta ;mergencia?'V Los invisibles El presidente Enrique Peña Nieto anunció que habrá 48 mil millones de pesos para el Fondo Nacional de Desastres, de los cuales 3 mil millones serán para la Ciudad de México. 
El martes 7 el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que se liberarían de inmediato mil 664 millones para atender a los afectados por los sismos. 
Esa cantidad, dicen los afectados, es insuficiente, sobre todo porque la atención de los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre se ha concentrado en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan, sin tomar en cuenta que alrededor de 27 mil familias también fueron afectadas en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. No obstante, dicen, esas demarcaciones no han sido atendidas. 
De hecho, en Xochimilco se formó un grupo llamado "Los Damnificados Invisibles", pues no los ven ni las autoridades ni la opinión pública. 
Un recuento extraoficial de daños revela que en esa jurisdicción 4 mil 684 inmuebles resultaron afectados: mil 214 fueron clasificados como de alto riesgo, 2 mil 441 como de riesgo medio y 949 de bajo riesgo. 
Pero al cierre de edición no se habían dado a conocer los dictámenes oficiales para saber cómo proceder en la reconstrucción. 
En Tláhuac, según las estimaciones, fueron 5 mil 353 las casas siniestradas. De ellas, mil 343 tienen daños estructurales y con posibilidad de ser demolidas. En las colonias Del Mar, Ojo de Agua, La Nopalera, San Juan Ixtayopa, Zacatenco y Santa Catarina surgieron grietas y socavones, además de que el agua escasea. 
Por lo que atañe a Iztapalapa, las cifras oficiales reportan 17 mil 358 inmuebles dañados: 11 mil 52 con afectaciones menores; 5 mil 214 con daños de mediana intensidad, y mil 92 con pérdida total. 
Los damnificados han buscado refugio en casa de sus familias y difunden sus quejas en las redes sociales de manera profusa, manifiestan la carencia de un proyecto de reconstrucción que los apoye plenamente. 
Por ejemplo, en las calles de Saratoga y Popocatépetl (Eje 8 Sur), en la colonia Portales Sur, Benito Juárez, se construyen dos torres departamentales de más de 75 metros de altura, con cinco niveles de estacionamiento subterráneo, levantadas en cinco predios que compró la empresa GDC Desarrollos de Santiago Morales Broc, hijo del exprocurador Ignacio Morales Lechuga. 
En una carta que hicieron llegar al reportero, los vecinos de los edificios aledaños se quejan de este megaproyecto y consideran que la demanda de agua, luz, desagüe, lugares de estacionamiento, etcétera, será excesiva e imposible de satisfacer, tanto para los compradores como para los actuales vecinos de la zona. 
Señalan que el edificio adjunto, ubicado en Saratoga 1014 -que sufrió daños en el sismo del 19 de septiembre- será más afectado por las vibraciones, golpes y perforaciones constantes de la maquinaria pesada que se está utilizando, lo que pone en riesgo la seguridad de este inmueble y sus habitantes. A pesar de la gravedad de la situación, su queja no ha sido atendida. 
El delegado en Benito Juárez, Christian von Roehrich, se comprometió ante medios y ciudadanos a acabar con la corrupción inmobiliaria desde su campaña y volvió a hacerlo después del sismo; incluso aseguró que no iba a permitir más construcciones con pisos excedentes. Pero las obras continúan. 
"Ya no podemos permitir que los intereses económicos de unos cuantos estén por encima de las vidas de los ciudadanos. 
Las constructoras, desarrolladoras e inmobiliarias ya no pueden seguir actuando con tanta impunidad y con la complicidad de las autoridades de todos los niveles de gobierno e instituciones", señalan vecinos de esta delegación donde el boom inmobiliario se expresa en nuevas construcciones que surgen como hongos (Con información de Proces).

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