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Los desaparecidos de México recuperan el nombre

Redacción CUBO

La asociación Data Cívica ha trabajado durante cuatro meses para fijar la identidad de los casi 32.000 desaparecidos en México en la última década. El nuevo registro, disponible en una web, llega a colmar el vacío de las bases de datos oficiales, cuya consulta arroja información fragmentaria y no permite individualizar a las victimas. "Los desaparecidos son para el Gobierno renglones sin nombre ni rostro", critica uno de los miembros del proyecto. Agravada por la guerra contra el narco emprendida en la presidencia de Felipe Calderón, la crisis de derechos humanos del país incluye el aumento de secuestros, torturas y decenas de miles de homicidios.

Las organizaciones de derechos humanos suelen decir que México es un país que conoce al detalle los barriles de petróleo que exporta, pero que no sabe quiénes son sus desaparecidos. Con el objetivo de cambiar esa dinámica, un equipo de 10 miembros de la asociación Data Cívica ha trabajado durante cuatro meses para poner nombre y apellidos a los casi 32.000 desaparecidos que hay en el país. El resultado es una página web, presentada ayer, donde es posible identificar a los desaparecidos y que los familiares o conocidos añadan datos y contribuyan a su localización. A la lista de más de 100.000 fallecidos que ha dejado la lucha entre cárteles y la guerra contra el narco, emprendida por Felipe Calderón en 2006, se une la de desaparecidos, que crece cada día ante la indiferencia oficial. El Gobierno ni siquiera ha elaborado un registro completo con los nombres de las personas con paradero desconocido.

Hasta hoy, la única fuente oficial para saber cuántos desaparecidos hay en México es el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED). Este registro, dividido en dos bases (fuero común y fuero federal), recopila información como talla, complexión, edad y el lugar de desaparición de las personas. Se trata de información relevante para buscar y encontrarlas, pero en la base de fuero común, donde está registrada la gran mayoría, no aparecen los nombres.

Si una madre busca a su hijo, de apellido González, por ejemplo, la plataforma arroja todos los registros de alguien que tiene ese apellido, pero no hay manera de saber los nombres completos de las personas que tienen de apellido materno o paterno González, ejemplificó Mónica Meltis, encargada del proyecto de Data Cívica.

"Las personas desaparecidas actualmente son renglones, sin nombre ni rostro, y lo que tratamos es de devolverles la dignidad, facilitar su localización y terminar con una inercia que camina hacia la deshumanización de la crisis", dijo Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que apoyó el trabajo.

La organización hizo miles de consultas automatizadas en la plataforma de consulta en línea del RNPED. Esta base de datos en línea permite hacer búsquedas por atributos personales, nombre o apellido, pero Data Cívica cruzó los datos existentes con el padrón de beneficiarios del Seguro Social (IMSS) y de ayudas sociales (Sedesol) hasta conseguir una lista con más de cuatro millones de nombres que permitió obtener la identidad completa de las víctimas.

Indiferencia oficial 

"Un Gobierno que taita a sus desaparecidos como renglones se niega a volver estas cosas su prioridad", dijo José Merino, director de estrategia de Data Cívica. "Además, podremos cruzar el registro nacional oficial con la información de casos documentados por organizaciones locales, pudiendo entender mejor quiénes son las personas que están siendo excluidas del registro oficial, si comparten alguna característica relevante que expliquen su exclusión y, en última instancia, tener una mejor idea de la magnitud del problema de la desaparición", afirmó.

En los últimos 10 años, la crisis de derechos humanos se ha agravado en México. Las desapariciones, homicidios, torturas, desplazamiento forzado y secuestros repuntaron por la guerra contra el narco. En varios Estados del país los familiares de los desaparecidos han tenido que organizarse para buscar a los suyos, ante la indiferencia de las autoridades.

La presión internacional tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en Guerrero en septiembre de 2014 llevó a que el presidente, Enrique Peña Nieto, enviara una propuesta en materia de desaparición de personas que finalmente se aprobó el mes pasado.

** Una crisis que no para 

México aprobó el mes pasado la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Después de más de 10 años de que iniciara la llamada guerra contra el narcotráfico encabezada por el presidente Felipe Calderón (2006-2012), México por fin cuenta con una legislación que creará una fiscalía especializada y una comisión de búsqueda. La nueva ley castiga con penas de hasta 60 años de cárcel a los servidores públicos que incurran en el delito y de 50 años para los particulares. Según datos oficiales de los casi 32.000 desaparecidos en el país, el rastro de más de 13.000 se perdió durante el sexenio de Calderón y casi 19.000 durante el actual Gobierno de Enrique Peña Nieto. Las organizaciones de derechos humanos celebran la promulgación, pero critican que la nueva ley contará con un presupuesto de casi 500 millones de pesos para el próximo año, siete veces menos que el dinero presupuestado para publicidad oficial (Con información de El País).

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